Nuevo giro en el Caso Juana Rivas, que lucha por que su hijo menor, Daniel, se quede a vivir en España junto a ella y su hermano mayor, Gabriel, no tenga que volver a Italia con su padre, que tiene la custodia del niño y está siendo investigado por la Fiscalía italiana por supuestos malos tratos. El Juzgado de Violencia de Género número dos de Granada ha rechazado aceptar la inhibición a su favor acordada en el caso por el de Instrucción 4, que, tras tomar declaración al menor, decidió el pasado martes, como medida cautelar, que se quedara en España con su madre, lo cual le permitió no tener que regresar a Italia con su padre, Francesco Arcuri, según ha explicado este viernes el equipo jurídico de la madre.
El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha informado de que este jueves la jueza Aurora Angulo dictó "un auto por el cual considera que los hechos no son constitutivos de violencia de género, y que no resultan de su competencia" y otro por el cual "deniega las medidas de protección legalmente previstas en el artículo 158 del Código Civil al hijo menor de la pareja Arcuri Rivas". Ambas decisiones, sostiene,"en ningún modo acuerdan el regreso de Daniel a Italia".
"Este nuevo conflicto de competencia dilata injustificadamente el procedimiento (una vez más), pero en absoluto altera la medida cautelar adoptada el pasado martes. Daniel se queda aquí, y seguiremos luchando incansablemente para que esa decisión provisional se convierta en definitiva. Y mientras diferentes tribunales españoles e italianos siguen discutiendo sobre a quién le corresponde decidir, Daniel que ya está escolarizado en España, celebrará el sábado su undécimo cumpleaños en la casa en la que quiere estar y con quien quiere estar", ha asegurado el abogado.
En un auto con fecha de este jueves y al que ha tenido acceso 20minutos, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada, Aurora Angulo, rechaza la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción 4 y le devuelve el procedimiento.
El pasado martes por la noche, la jueza de Granada suspendió cautelarmente la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre al considerar que el testimonio del pequeño era "serio y convincente" con relación al "temor" que siente por su seguridad y el "peligro extremo para su integridad física" que dijo padecer si regresaba con su progenitor a Italia, donde está investigado por presuntamente maltratarle.
Así lo expresó la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, Susana Álvarez Civantos, en el auto en el que, en funciones de guardia, acordó la suspensión provisional de la entrega del menor acordada por la Corte de Apelación de Cagliari para el miércoles ocho de enero tras pasar las fiestas navideñas con su madre en España.
Para Aránguez, las decisiones de Aurora Angulo, la jueza de violencia de género de Granada que ya archivó su primera denuncia, presentada en julio de 2016, "no afectan a la medida cautelar otorgada (Daniel se queda en España), pero tampoco la consolidan definitivamente como le habíamos solicitado. Por este motivo ejercitaremos los recursos oportunos", ha anunciado.
El abogado de Rivas ha considerado que la magistrada Angulo vuelve a equivocarse tras el "nefasto error que posteriormente ella misma rectificó" tras archivar la primera denuncia de Rivas presentada en España en julio de 2016. Ahora, ha manifestado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, "vuelve a equivocarse al dejar de otorgar la debida protección a un menor que está sufriendo, al que ni siquiera quiere escuchar, pese a tener 11 años y la debida madurez para relatar lo que estaba soportando en Italia en primera persona y con todo detalle. Unos hechos terribles que ya ha escuchado la jueza de guardia. En lugar de ello, remite el caso a otro juzgado".
El letrado agrega que "ante un posible conflicto negativo de competencia (ningún órgano se declara competente para resolver), la situación actual de medida de protección del menor en España se prolongaría varios meses". El equipo jurídico de Rivas ha explicado que la medida cautelar provisional adoptada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada "se prorrogará muchos meses hasta que se aclare qué órgano jurisdiccional español debe proteger a Daniel".
"Es evidente es que la protección de un menor español en riesgo que está en territorio nacional español es competencia de los juzgados españoles", ha anotado Francisca Granados, directora del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada), de donde es vecina Juana Rivas.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada archivó el pasado 31 de diciembre una denuncia por maltrato presentada por Rivas contra Arcuri, una decisión que no es firme porque ha sido también recurrida por Rivas sin que de momento el recurso haya sido resuelto.
El juzgado en funciones de guardia tomó la medida provisional de mantener en España al menor de los hijos de Arcuri y Rivas, de 10 años, tras escuchar al niño y después de que la justicia italiana reclamase su vuelta con el padre, que tiene la custodia. El niño llegó el 22 de diciembre a España con un permiso para visitar a su madre y su hermano y debió regresar inicialmente el 2 de enero.
Igualdad pide que prevalezca el interés del menor
El Ministerio de Igualdad ha subrayado, en relación al caso del hijo de Juana Rivas, que España tiene la obligación legal de proteger y amparar al menor y de actuar con la diligencia debida para garantizar su interés superior. Ante "la indeterminación o discrepancias sobre cuál es el órgano judicial en España para decidir sobre la situación del hijo pequeño de Juana Rivas y el riesgo de que tenga que regresar a Italia con su padre", el departamento gestionado por Ana Redondo ha destacado que "siempre debe prevalecer el interés superior del menor".
La ministra de Igualdad ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid que "hay que defender al menor y a la madre que está protegiendo ese interés superior del niño". Redondo ha lamentado que Juan Rivas "lleva demasiado tiempo sufriendo" y ha dicho que "es hora de que todos estos mecanismos de protección se pongan en funcionamiento". En ese sentido, ha planteado que en el ámbito judicial hace falta "una mayor formación en materia y perspectiva de género".
Previamente, en un comunicado, la ministra de Igualdad insistía en que el interés superior "consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador".
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