El pasado 14 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó una enmienda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que supone un antes y un después para las victimas de la okupación en España al facilitar una tramitación más ágil para los desahucios en los casos de allanamiento de morada. Y aunque salió adelante por un error por los apoyos de ERC y Bildu, el Partido Popular ostenta la mayoría en el Senado y la aprobación de la enmienda es inminente.
La nueva normativa, que se espera que esté en marcha en los primeros meses de 2025, permitirá que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, por lo que estos podrán celebrarse en un plazo estimado de 15 días. De esta forma, los okupas serán expulsados de las viviendas en tiempo récord.
Casos de okupación que serán delitos penales
Con ella, a partir de ahora los casos de okupación serán delitos penales. Será considerado allanamiento de morada cuando la vivienda se encuentra habitada, mientras que será usurpación cuando no lo sea. “Los abogados siempre hemos tenido claro que la okupación es un delito penal, ya que implica violencia a la fuerza”, explica Arantxa Goenaga, socia de AF Legis y experta en derecho inmobiliario.
El cambio más importante será el tiempo estimado de la expulsión de los okupas. Hasta el día de hoy, el hecho de que los casos se llevaran por la vía civil ralentizaba los procesos, según cuenta Goenaga, quien considera “una injusticia” que los propietarios tuvieran que esperar muchos meses para recuperar sus viviendas.
La ampliación del tipo delictivo añadiendo la okupación permite que pueda juzgarse a través del procedimiento abreviado, “una forma jurídica que acorta plazos y con la que los okupas serán juzgados en un plazo máximo de quince días desde su puesta a disposición judicial”.
Ahora el texto se ha enviado ya al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, por lo que ya no se prevé que vaya a ser revocada durante su tramitación. Aizpurua no ha avanzado qué fórmulas barajan para intentar dejarla la enmienda sin efectos, pero todo apunta a que habrá de hacerse en una norma aparte.
En la Cámara Alta, el plazo para debatir la propuesta es de dos meses. Allí, pueden suceder tres hechos: que se apruebe tal y como está; que se vete por mayoría absoluta; o que se modifique parte del texto.
Lo más probable con la mayoría del PP en el Senado es que se apruebe tal y como está. De ser así, y en un plazo de 15 días, el Rey debe sancionar, promulgar y ordenar la publicación de la ley. El último paso será su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Deshaucios de okupas mediante juicios rápidos
En concreto, la enmienda del PNV supone modificar el artículo 795.1 de la LECrim para que los delitos de usurpación de morada (artículo 245 del Código Penal) y de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) pasarán a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales, los llamados juicios rápidos, lo que permitirá agilizar su resolución y los desahucios que puedan ordenarse.
La propuesta del PNV se había venido rechazando tanto en la ponencia como en la Comisión de Justicia, pero este jueves fue aprobada en el Pleno del Congreso gracias al apoyo del PP, Junts, ERC, Bildu, UPN y CC, superando la oposición del PSOE, Sumar, Podemos y el BNG, mientras que Vox se abstuvo, según el listado de votaciones recogido por Europa Press.
¿Cuánto tiempo pueden tardar en desalojar a un "okupa"?
Los plazos para desalojar a los "okupas" con la implementación del Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia "bajarán considerablemente", pudiendo quedar resultos en solo 15 días, mientras que antes de esta normativa, el plazo medio para echar a un ocupante ilegal rozaba los dos años. En algunas comunidades autónomas, como Murcia o Castilla y León, los tiempos incluso superaban el límite de los 24 meses.
La okupación, un problema en alza
El temor por la okupación es creciente en España. Durante los últimos cinco años se registraron casi 91.000 denuncias por okupación ilegal de vivienda, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. Diferentes estudios señalan que este tema ya es una de las preocupaciones más grandes de la sociedad.
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